18 de abril de 2015


Pocas manifestaciones han sido tan intensas y persistentes como la de los controladores aéreos. Resalta a la vista el respeto que mantienen con las leyes, las autoridades y los espacios públicos.

90 días con sus noches han pasado y los controladores no han sido escuchados por la máxima autoridad del país. Algo evidentemente contradictorio, pues llevamos 3 meses apostados justo frente al Palacio Nacional, la segunda casa del presidente de la República Dominicana, quien nos ve siempre que pasa, sea en la caravana de vehículos o en el helicóptero presidencial.

Tal es el ejempo de urbanidad de estos profesionales, que no han incitado molestia alguna en tan transitada ubicación. Los controladores han sido visitados por figuras revolucionarias, dirigentes políticos, líderes religiosos, también por gente común y corriente que no se explica ¿Qué fue lo "malo" que hicimos? 

Dentro y fuera de los aeropuertos no somos una amenaza para nadie, eso lo sabe el mismo Marcelino A. Herrera. Lo sabe cada una de las comisiones, ministros y demás funcionarios que han dado largas al diálogo necesario para poner fin a esta demostración de fuerza. Porque la cancelación ilegal de estos profesionales no es más que eso, una demostración de fuerza, un abuso de poder.

90 días con sus noches han pasado y las autoridades "se hacen de la vista gorda" a pesar de que el Tribunal Superior Administrativo reconoció que Marcelino A. Herrera cometió abuso de poder y violó nuestros derechos fundamentales, laborales y sindicales. Basta con leer la página 29 de la Sentencia 230-2014.

Citamos:

"XII) Que a partir de los hechos de la causa y los elementos probatorios en el expediente, el tribunal ha podido advertir que el Istituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), ha transgredido el derecho fundamental de los accionantes a la libertad sindical y a asociarse, pues dadas las diferencias que se suscitaron entre los accionados y la ASOCIACION DOMINICANA DE CONTROLADORES AEREOS, INC. (ADCA), la cual está por demás decir, se encuentra legitimada para actuar como un gremio o asociación de servidores póblicos, pues su fundación data de 1984, previo a la entrada en vigencia de la Ley No. 41-08, es que el IDAC acciona de manera arbitraria arremetiendo contra los señores WELLINTHON F. ALMONTE GOMEZ, CRITINA ARELIS MATEO GUERRERO, JOSUE JOEL PEREZ ENCARNACION, EDWIN A. MONTERO LUCIANO, LEONARDO RIVERA, SHELBY DARIO NG RUIZ, CARLOS ALBERTO CARVAJAL UREÑA, RAMON ARMORA SANTOS, RAINIER PAVEL ULERIO SANTOS, ARTURO NAPOLEOAN RODRIGUEZ CEDANO, ERIK YOHAIRY ECHAVARRIA P., sancionándoles con la suspensión temporal de sus labores con tendencia a despedirles, por ser estos activos militantes de dicha asociación, al tiempo que le prohibió mediante comunicado al resto de los empleados secundar las actividades del gremio.

XIII) Que ante la evidente conculcación de los derechos fundamentales antes indicados, ha lugar a acoger las pretensiones de los accionantes, la ASOCIACION DOMINICANA DE CONTROLADORES AEREOS, INC. (ADCA) y los señores WELLINTHON F. ALMONTE GOMEZ, CRITINA ARELIS MATEO GUERRERO, JOSUE JOEL PEREZ ENCARNACION, BREYDYS LAUREL TAPIA DISLA, EDWIN A. MONTERO LUCIANO, LEONARDO RIVERA, SHELBY DARIO NG RUIZ, CARLOS ALBERTO CARVAJAL UREÑA, RAMON ARMORA SANTOS, RAINIER PAVEL ULERIO SANTOS, ARTURO NAPOLEOAN RODRIGUEZ CEDANO, ERIK YOHAIRY ECHAVARRIA P., respecto a la presente Acción Constitucional de Amparo, y en consecuencia, en aras de tutelar su derecho fundamental de asociación y libertad sindical, se ordena la revocación de la suspesión indicada  en el considerando anterior, así como de los procedimientos disciplinarios abiertos en su contral, por lo que se ordena la inmediata restitución de los accionantes a sus puestos de trabajo ante el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), advirtiéndole a los accionados que deben permitir el libre de tales derechos fundamentales por parte de los accionantes bajo los presupuestos establecidos en la Constitución y las leyes, lo que se dispone tal y como se hará constar en el dispositivo de la sentencia".

Fin de la cita.

90 días con sus noches nos hemos mantenido firmes diciendo al mundo que ésta sentencia no fue acatada, por el contrario, Marcelino A. Herrera usó sus influencias políticas para callar el resultado de nuestra ganancia de causa. No parece ser casualidad que degradaron y trasladaron a los jueces que fallaron a favor de los controladores.

Esta sentencia fue bastante clara, pero no sabemos cuáles son las "pruebas" en nuestra contra, nadie las sabe. Nuestros reclamos son verdaderos y no hay una sola prueba contra nosotros, mientras el IDAC se limita a decir que "atentamos contra los intereses del estado". ¿Acaso al estado le interesa que las operaciones aéreas se realicen con precariedades técnicas, poniendo en peligro la vida de los usuarios del transporte aéreo?

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